Miguelina Estévez,  encargada de Regulación del Mercado Interno; Edwin Gómez, presidente de la UNASE; Carolin Matos, sub directora de Comercio Interno; Laura Sánchez, abogada de la Sub-dirección de Defensa de Pro-Competencia; Nilka Jansen, directora ejecutiva de Pro Competencia; y Nerys Ramírez, economista de la entidad. 

MICM promueve las buenas prácticas en el comercio al detalle

Durante la actividad, organizada por la Dirección de Comercio Interno con el apoyo de Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) y la Unión Nacional de Supermercados Económicos, (UNASE), se expusieron las diferentes prácticas que pueden afectar la libre competencia en el país¸ así como las ventajas que tienen los negocios  cuando actúa apegados a las normas establecidas y se empeñan en ofrecer al cliente un servicio de calidad en sentido general.

Al pronunciar las  palabras de bienvenida  a la actividad,  la subdirectora de Comercio Interno, Carolin Matos,  destacó la importancia de los temas tratados, los que, según precisó, surgen  del nuevo  contexto mundial que propugna por mayor competencia  y que ha traído consigo la apertura comercial haciendo aún más importante que las regulaciones tutelen en su justa medida los objetivos legítimos de políticas públicas.

Matos señaló que el tema de las buenas prácticas constituye una herramienta eficaz de diferenciación en el comercio minorista, que afronta en estos momentos grandes desafíos por los efectos del proceso de globalización y apertura comercial, indica una nota de la Dirección de Comunicaciones del MICM.

Al abordar el tema “Buenas prácticas en el comercio de detalle”, la encargada de Regulación del Mercado Interno del MICM, la ingeniera Miguelina Estévez, habló de la importancia del comercio al detalle en el país, sector que según indicó aporta el  9%  al PIB y el 15% de los empleos formales.

La funcionaria explicó que al momento de adquirir mercancía es preciso asegurarse que cuente con Registro Sanitario, tenga una fecha de vencimiento hábil,  esté en buen estado de conservación y verificar los envases y empaques.

Asimismo, puntualizó que los productos tienen que ser almacenados en  condiciones adecuadas, mantener la cadena de frio. Agregó que los alimentos no se deben guardar en latas abiertas  y que los productos de venta al granel nunca se colocan en el piso.

En tanto que para prevenir la contaminación cruzada, Estevez señaló que hay que evitar el contacto de productos y materia prima con sustancias de limpieza, insecticidas y contaminantes; así como no manipular alimentos crudos y terminados al mismo tiempo. Del mismo modo, recomendó lavarse las manos correctamente y utilizar distintos cuchillos para cortar carnes, embutidos, quesos y otros productos.

Entre otros de los requisitos que entran en las buenas prácticas en el comercio al detalle, la funcionaria del área de Comercio Interno, citó el documento  o ticket de compra, que debe tener la identificación del establecimiento, fecha de compra, nombre o referencia de artículos comprados y garantía.

En el desarrollo de su ponencia, Miguelina Estévez se refirió, también, a la mejora continua y el servicio al cliente; así como a los requisitos del personal, destacando el tema de la imagen, la competencia profesional.

Ley 42-08, de Defensa  de la Competencia

Durante la actividad, Laura Sánchez, abogada de la Sub-dirección de Defensa de Pro-Competencia,  se refirió en sentido general de las atribuciones de la Ley 42-08, de Defensa de la Competencia, que tiene la finalidad de  promover y defender la competencia efectiva para incrementar la eficiencia económica en los mercados de bienes y servicios, a fin de generar beneficio y valor en favor de los consumidores y usuarios.

Habló de las prácticas anticompetitivas que normalmente se presentan como son las concertadas y acuerdos competitivos (Carteles), competencia desleal y abuso de posición dominante. Puso ejemplos de cada una, para mayor claridad y comprensión de la audiencia.

Al referirse a las multas aplicables para casos de competencia efectiva explicó  que oscilan entre 30 y 3000 salarios mínimos, según la escala oficial de salario mínimo aplicable al sector económico al que pertenezca el agente económico sancionado.

En los casos de competencia desleal, sólo podrá declarar la comisión de las conductas, debiendo el interesado acudir al juzgado de primera instancia del domicilio del demandado para reclamar en daños y perjuicios.

Durante la actividad, el economista  Nerys Ramírez, del departamento de Estudios Económicos de Pro Competencia, explicó los factores que se toman en cuenta para la realización del Observatorio, que les permite se monitorear  las condiciones de competencia en mercados seleccionados, a través de criterios específicos de priorización para identificar riesgos que potencien la posibilidad de prácticas anticompetitivas.

Para mayor claridad de la audiencia, Ramírez precisó que la institución realiza estudios de las condiciones de competencia, no estudios de mercado.

Al concluir las ponencias, se abrió un intercambio de preguntas y respuestas, lo que permitió a los presentes ampliar sus conocimientos sobre los temas tratados.