Leidylin Contreras, subdirectora de la Dirección de Administración de Acuerdos y Tratados Comerciales Internacionales (DICOEX) del MICM.

Experta del MICM aborda en conferencia internacional el deber de los tribunales arbitrales de denunciar actos de corrupción

Leidylin Contreras expuso su posición en uno de los paneles que se realizó durante la Conferencia Regional Latinoamericana del Grupo de Árbitros Jóvenes de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (ICC YAF), que se celebró en Quito, Ecuador, y a la cual fue invitada como panelista.

La subdirectora de la Dirección de Administración de Acuerdos y Tratados Comerciales Internacionales (DICOEX) del MICM, habló sobre los escenarios vinculados a la corrupción en casos de arbitraje internacional, incluyendo la posibilidad de que la inversión sea a través de actos reñidos con la Ley.

Asimismo, afirmó que probar actos de corrupción no es siempre una tarea fácil debido a que en algunos casos sí existen pruebas claras y evidentes, pero en otros no, reseñó una nota de prensa de la Dirección de Comunicaciones del MICM.

El encuentro en el que participó Contreras formó parte del programa de actividades de la Semana ICC de Resolución Alterna de Disputas (ADR).

La conferencia a la que asistieron árbitros, abogados y jóvenes practicantes de toda la región de Latinoamérica, tuvo como propósito profundizar en asuntos relacionados con el arbitraje comercial y de inversión.

Algunos de los temas que fueron desarrollados en la conferencia versaron sobre el uso de inteligencia artificial en procesos arbitrales, la obligación de los árbitros de someter a la justicia los problemas de corrupción y las contrademandas sobre derechos humanos en el arbitraje de inversión.

La corrupción en el derecho y la política internacional ha sido un tema de especial relevancia en los últimos años; a escala global se han implementado instrumentos y políticas referentes a estas prácticas por las exigencias del comercio mundial, la prevención de la delincuencia internacional y la estabilidad política.

La acciones que se han llevado a cabo para combatir este flagelo incluyen la puesta en vigencia de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, celebrada en diciembre de 2003, así como normas internacionales que han sido incorporadas al derecho nacional en muchas jurisdicciones.